La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia refrendó el criterio jurisprudencial sobre las características de las medidas coercitivas, las que están revestidas de provisionalidad e implica que serán utilizadas para cumplir un objetivo particular, y que deben variar o cesar cuando las circunstancias se modifiquen, o cuando el fin que busca deje de cumplirse.
El organismo judicial indicó que mediante sentencia núm. SCJ-SS-23-0347, de fecha 31 de marzo de 2023, los jueces de la Sala Penal consideraron que la variabilidad de estas medidas supone que se debe tomar en consideración el grado de peligro que existe y el riesgo que corre el proceso, por lo que se aplican para asegurar que el encartado esté presente en las fases subsiguientes del mismo.
“Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia comprueba que, la solicitud de pronunciamiento de extinción del proceso por haber transcurrido el plazo máximo de duración del mismo, planteada por el imputado José Iván Betances Perdomo, no puede ser pronunciada conforme se ha explicado y se verifica en las piezas del expediente”, indica la decisión.
Los jueces de la Sala Penal de la SCJ procedieron a casar íntegramente la sentencia núm. 125-2020-SSEN-00046, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís y ordena el envío del proceso a la misma jurisdicción, para que, con una composición diferente, conozca del recurso de apelación.
Para leer de manera íntegra la sentencia emitida por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena (presidente de la Sala Penal de la SCJ), Nancy I. Salcedo Fernández, María G. Garabito Ramírez y Francisco Antonio Ortega Polanco diríjase al siguiente enlace: https://poderjudicial.gob.do/wp-content/uploads/2023/10/SCJ-SS-23-0347.pdf
